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¿Que estado de salud tiene el Derecho Laboral, sano o enfermo?

¿Que estado de salud tiene el Derecho Laboral, sano o enfermo?
¿Qué está sucediendo actualmente con nuestro querido Derecho del Trabajo? Esa es la pregunta que quiero dar respuesta en esta entrada.
Ni que decir tiene que ya desde las últimas décadas estamos viviendo una legislación motorizada como técnica legislativa en este proceso reformista de nuestro Derecho Laboral. Esta legislación motorizada, rápida, veloz hace que el Derecho sea cambiante, impreciso, imponiéndose las decisiones autoritarias de un gobierno fuerte.
Tal dispersión legislativa y la presión que existe a negociar con organizaciones de intereses generan una inseguridad jurídica brutal. Es algo totalmente normal usar la legislación de emergencia, las llamadas leyes medida (conllevando la crisis de las leyes generales), como distorsión para resolver problemas concretos, desde una óptica de urgencia y coyunturabilidad, dificultando su conocimiento y provocando una provisionalidad en las reformas que producen una gran desformalización y una abstracción de las leyes.
Estamos viviendo una cercenación del Derecho legislativo, con multitud de leyes sectoriales y temporales, destinadas a perder rápidamente su sentido y ser sustituidas por otras cuando nuevas necesidades surjan. Las leyes estatales de mínimos se están desmaterializando, quebrándose la democracia constitucional.
Tenemos una técnica legislativa totalmente desordenada, resquebrajándose el principio de separación de poderes, usando (y abusando) de la técnica normativa del Real Decreto-Ley, llevando sus límites al borde de la superación del texto constitucional. Más que la cantidad, su proliferación causa problemas de fondo. Muchos de ellos generan dudas de constitucionalidad, pues parece que se va más allá de la situación de urgencia y excepcionalidad en detrimento de la elaboración de leyes a través del Parlamento.
Creo y creemos todos que se debe favorecer la tramitación de proyectos de ley por vía de urgencia para que no se produzca una banalización de la motivación extraordinaria que constituye un rasgo de la práctica gubernamental de la legislación de urgencia. Es de risa ver las Exposiciones de Motivos de estos Decretos-Leyes y ver motivaciones tan reiteradas como “por la crisis económica”, “por la calidad del empleo” etc. ¿Son estas afirmaciones suficientes para salvar la constitucionalidad de esta proliferación de reales decretos leyes?
Creo que por lo menos se debe plantear el debate de si estas motivaciones sobrepasan o no el margen de constitucionalidad de esta técnica legislativa, empero que el propio Tribunal Constitucional resulta ambiguo respecto a los límites constitucionales de esta técnica legislación, incluso las avala.
Los ejemplos son numerosísimos, no ya solo después de la reforma laboral de 2012, sino en la legislatura anterior también. Un ejemplo lo observamos en el Real Decreto-Ley 20/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo. En la exposición de motivos de la norma se puede leer que <la gravedad de la situación económica y del empleo descrita exige adoptar una reforma inmediata que proporcione a los operadores económicos y laborales un horizonte de seguridad jurídica y confianza en el que desenvolverse con certeza para conseguir recuperar el empleo>. Vemos como solamente se justifica por la situación del mercado laboral y además, prosigue diciendo que <los problemas del mercado de trabajo lejos de ser coyunturales son estructurales, afectan a los fundamentos mismos de nuestro modelo sociolaboral y requieren una reforma de envergadura, que, pese a los cambios normativos experimentados en los últimos años, continúa siendo reclamada por todas las instituciones económicas mundiales y europeas que han analizado nuestra situación>. Idéntica situación se produce en el Real Decreto-Ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo y en el Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.
Todas estas reformas no observan los límites constitucionales para una válida utilización de la forma del Real Decreto-Ley. Por tanto, como dije antes, con esta práctica se vulnera el espacio de la ley, haciéndose normas a medida con la excusa de la urgente necesidad, quebrándose el principio de división de poderes en el seno del Estado democrático de Derecho, con la frecuente invasión competencial del Gobierno respecto al específico del Parlamento, con la consiguiente substracción al debate, deliberación y aprobación de las representaciones de partidos. Usar abusivamente esta figura atenta a las competencias entre el Gobierno y el Parlamento. Y no nos vale con que posteriormente regreso al Parlamento para su convalidación y posible modificación, puesto que se han producido efectos jurídicos prácticamente irreversibles que pueden hacer inoperante la actividad legislativa parlamentaria.
La utilización de esta legislación de urgencia por el Gobierno tiene que atender a los límites de este instrumento normativo en el sistema constitucional. El Real Decreto-Ley no puede quedar degradado a un simple instrumento de acción política de carácter coyuntural, en lugar de ser un instrumento que la Constitución atribuye el Gobierno para atender a la solución de problemas que exijan una respuesta verdaderamente urgente, inmediata e inaplazable.
En definitiva, la proliferación de estas normas ha creado una galaxia de normas ineficientes, atentadoras contra la seguridad jurídica y el equilibrio constitucional entre los poderes públicos con competencia normativa. Se debe dotar al Parlamento de mayor dinamismo para afrontar una respuesta legislativa rápida y eficaz, limitándose las decisiones de urgencia por Decreto-Ley al margen del debate en el Parlamento que, como todos sabemos, es el depositario de la soberanía nacional y de la función propiamente legislativa del Estado.
Y no solo tenemos esta figura que podemos llamar “perversiva” sino que también tenemos las denominadas leyes ómnibus, que contienen un conjunto amplio de materias (y sobre todo heterogéneo) que modifican cantidad de leyes, provocando nuevamente un desorden legislativo importante. Pero no solamente nos podemos quedar aquí, sino que otro fenómeno no menos peligroso que se produce son las derogaciones parciales, tácitas o implícitas de las normas. La improvisación, precipitación, hacen que unas normas sean derogadas por otras en un tiempo brevísimo, produciendo una locura legislativa y dificultando y mucho una aplicación eficiente de las normas. Y yendo más allá (vemos como la locura no termina) nos encontramos también la problemática de la vigencia transitoria (disposiciones transitorias), dada la constatación de un uso y abuso de Derecho transitorio en materia laboral y de Seguridad Social, enteramente contraria a la seguridad jurídica y a la práctica de una correcta técnica legislativa.
Visto todo esto, ¿Creéis que nuestro querido Derecho del Trabajo va camino al precipicio? Yo personalmente así lo creo y peor aún, creo que se atisban en el horizonte más normas de este tipo, por lo que el camino al precipicio será más rápido. Espero que el debate se abra más aun y que luchemos por nuestros derechos para que todos saquemos a nuestro amado Derecho del Trabajo nuevamente a flote y sea lo que siempre fue y nunca debería sufrir.

Artículo escrito y publicado por: Ángel Ureña Martín

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