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La protección de los trabajadores de mayor edad ante el despido.

La Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, introdujo ex novo el denominado régimen de aportaciones económicas al Tesoro Público (disposición adicional decimosexta). ¿En qué consiste este régimen? Pues principalmente consiste en la obligación que tienen las empresas que lleven a cabo un despido colectivo y que cumplan determinados requisitos (beneficios económicos y porcentaje de trabajadores de 50 años o más cuya relación contractual se haya extinguido por motivos no inherentes a su voluntad, entre otros) de abonar unas determinadas aportaciones dinerarias  al Tesoro Público.
A pesar de tratarse una norma del año 2011, ha sufrido múltiples modificaciones desde entonces. Si analizamos la trayectoria del precepto podemos contar hasta tres modificaciones: Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero; Ley 3/2012, de 6 de julio; y Real Decreto-Ley 5/2013, de 15 de marzo. Igualmente, dicha disposición se desarrollo reglamentariamente por el Real Decreto 1484/2012, de 29 de octubre. Estos cambios han mantenido la misma finalidad: ampliar el ámbito de aplicación de la disposición suavizando los requisitos y condiciones exigidos para que dicha obligación se aplique en un mayor número de casos.
Aunque la norma no lo dijese en su preámbulo, pretendía con esa disposición evitar que hubiere un desmesurado número de trabajadores de 50 o más años de edad en despidos colectivos de empresas de mayores dimensiones que, además, hubieran logrado obtener beneficios económicos en los últimos ejercicios.
Se persigue con esta medida evitar que con cargo a las prestaciones de desempleo y después por las prestaciones de la Seguridad Social se subvencione con dinero público a trabajadores que por la edad que ostentan están todavía lejos de jubilarse. Se trataba de una medida disuasoria que quería evitar que un gran número de trabajadores de 50 o más años de edad se hallaran sin trabajo y por la dificultad de encontrar un nuevo trabajo, dependieran de dinero público.
A este objetivo inicial, que calificamos de puramente económico, con las reformas consiguientes se ha añadido otro que podemos llamar de empleo. Ello es así puesto que parte de lo recaudado se dedica a la recolocación de estos trabajadores. Por tanto, se quiere paliar una nefasta situación viendo las posibilidades de empleo de este colectivo. La cantidad mínima que ha de dedicarse a este objetivo de empleo es al menos el 50% de las cantidades recaudadas en el ejercicio inmediatamente anterior.
A estos dos objetivos que acabamos de ver, se ha añadido con el Real Decreto-Ley 5/2013 otro nuevo (y prioritario respecto a los otros dos) que es antidiscriminatorio por razón de edad, en el sentido de que a través de esta “penalización” de carácter económico se disuada a las empresas de más tamaño de una afectación desproporcionada de los trabajadores de mayor edad en las medidas extintivas por causas empresariales. El capítulo IV de la norma regula las aportaciones económicas por despidos que afecten a trabajadores de cincuenta o más años en empresas con beneficios con el objetivo de desincentivar la discriminación de trabajadores de más edad en el marco de medidas extintivas de regulación de empleo, así como de racionalizar las obligaciones de las empresas.
Este objetivo es el que ha cobrado una trascendencia mayor. En mi opinión, la intención del legislador no ha sido tanto la protección de estos trabajadores de mayor edad, sino obligar a las empresas a sufragar el coste derivado de un descuelgue temprano del mercado de trabajo por parte de trabajadores mayores. Es decir, no se pretende proteger a este colectivo, sino se penaliza económicamente a las empresas para suavizar el impacto del despido de este colectivo tiene para el erario público. Va a primar un motivo económico (como todos ahora) más que un motivo de mantenimiento del empleo entre los trabajadores mayores.
En mi opinión, esta es una de las críticas principales que podemos hacer de la norma: el que no se discrimine positivamente por edad a los trabajadores afectados por estos despidos. En cuanto que la infracción de una discriminación por razón de edad tiene como consecuencia la nulidad del acto infractor, es cuanto menos atípico que la consecuencia de una desproporción en la afectación a los trabajadores de mayor edad sea contribuir al Tesoro Público con una aportación que en sí, no tiene el carácter estricto de sanción.
Otra crítica que podemos hacer es que si se trata de disuadir la discriminación por edad en este tipo de extinciones empresariales, no parece racional que la medida solamente afecte a empresas que tengan más de cien trabajadores o que afecte sólo a las empresas con beneficios o que el acto que hace nacer dicha obligación sea un despido colectivo, y no otras medidas extintivas con causas igualmente empresariales.
También me pregunto porque el legislador escoge esta técnica en el ámbito de la mayor edad y no articula medidas en otros ámbitos (véase genero) en el cual se aplican las medidas antidiscriminatorias generales. En definitivo, se trata de una norma que al inicio tuvo un propósito inicial pero que con las modificaciones sufridas ha ido variando su finalidad, haciendo perder su sentido originario, lo cual ha tenido consecuencias negativas, al traducirse esa reforma continuada en claras disfuncionalidades que se han ido agravando en cada reforma.
Se trata ahora de una norma en teoría antidiscriminatoria, pero que permitir la discriminación mediante una contribución económica o crear una presunción de no discriminación si no se reúnen los requisitos exigidos por tal normativa para que se origine la obligación de tal contribución. Se debería redefinir la norma y garantizar la efectividad de la normativa antidiscriminatoria por razón de edad porque no toda decisión empresarial extintiva que tenga fundamentación en circunstancias relacionadas con las condiciones laborales de los trabajadores de mayor edad, puedan ser en sí mismas consideradas como discriminatorias y el mayor coste monetario que implica puede ser muy relevante en casos en los que sus contratos finalizan por causas previstas legalmente.
Ahí dejo este comentario de cómo las normas cambian y muchas veces, no lo hacen para bien.

Artículo escrito y publicado por: Ángel Ureña Martín

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